Derechos y obligaciones

El pasado sábado Javier Mato publicaba un excelente artículo en El Mundo-El Día de Baleares en el cual aseguraba que la nuestra es una autonomía en quiebra y en él aportaba una serie de datos irrefutables, además de varias preguntas sin respuesta posible. Quizá la palabra quiebra no sea la más afortunada para definir la situación económica de nuestra Comunidad Autónoma, pero sí lo es para dar a entender a los ciudadanos de las Islas que, como mínimo, nos encontramos ante un escenario equiparable a lo que en el ámbito de la empresa privada ha dado en llamarse suspensión de pagos, o concurso de acreedores, si lo prefieren.

Los ingresos que recibe Baleares vía impuestos son inferiores a los gastos que genera nuestra Administración Autonómica, creando un desfase año sí y otro también que multiplica el endeudamiento hasta cotas inasumibles. Lo peor del caso es que nuestras autoridades, lejos de poner remedio, siguen aumentando los gastos sin control.

El déficit público es el verdadero cáncer de nuestras cuentas y para reducirlo sólo existen dos fórmulas: incrementar los ingresos y/o reducir el gasto público.

Para incrementar los ingresos sólo existen dos caminos, seguir una política de pedigüeño ante Madrid o incentivar la productividad a base de dotar al sector privado de las herramientas necesarias para un desarrollo correcto. Estos instrumentos no son otros que reforzar la seguridad jurídica, no poner impedimentos ante inversiones, siempre dentro de la legalidad vigente, y reducir la burocracia, pero no parece que nuestros gobernantes estén por la labor, vistas sus primeras decisiones.

Por otra parte, aun sin entrar en discusiones sobre si a Baleares le corresponden más recursos o no, habría que recordar a nuestros gobernantes que como tales son nuestros administradores. Está bien que luchen por recibir más dinero del papá Estado, pero su primera prioridad está en administrar correctamente los bienes disponibles y no lo hacen.

En cuanto a la necesaria reducción del gasto público, como ya dije no sólo no se actúa sobre este problema enquistado desde hace décadas, sino que año tras año se incrementa groseramente, empezando por el capítulo II, donde se contabilizan los sueldos públicos, ofreciendo un ejemplo nada edificante.

La ciudadanía que paga impuestos está ya harta de tragar con la demagogia, y ahí incluyo a la totalidad de las fuerzas políticas, pues no hacen otra cosa que no sea exigir a los demás supuestos derechos sin aceptar jamás cumplir con sus propias obligaciones, empezando por dar ejemplo.

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