En defensa del sistema público de pensiones (I)

Los gestores del capitalismo rampante que nos gobierna en esta España que es la 5ª potencia económica de la UE y la 12ª mundial, han hecho recaer el peso de la crisis económica sobre los pensionistas y los trabajadores en general.

Si existe en este momento, en la España en que nos ha tocado vivir, un derecho histórico más necesario y más sensible para las clases y familias trabajadoras, tanto por cuenta ajena como los autónomos es el actual Sistema Público de Pensiones, y a la vez el objetivo prioritario a desmontar de todas las entidades aseguradoras, entidades bancarias y partidos políticos conservadores.

Para los defensores de las políticas ultraliberales, el sistema de pensiones español ha entrado en rumbo de colisión. Todos se colocan el letrero de experto e intentan hacer pasar sus mensajes por dogmas de fe, y que les dé una apariencia de oráculo científico incontestable; analizando la difícil situación hacia la que se encamina el sistema de pensiones español, que, según ellos, amenaza con hundir el modelo actual de seguridad social, y entre las soluciones que proponen se incluyen la introducción de incentivos fiscales para los planes de ahorro privado, desincentivar las prejubilaciones, incrementar aún más el número de años trabajados para calcular la pensión, reducir las pensiones de mayor cuantía económica, extender la edad de jubilación progresivamente de los 65 a los 67 y los incentivos a la extensión voluntaria del retiro.

Sufrimos  una verdadera lucha de clases orquestada por las oligarquías capitalistas contra  los derechos de los trabajadores.

Las reformas emprendidas sucesivamente por gobiernos del PSOE y del PP para favorecer el despido o para destruir la negociación colectiva son el comienzo de un descenso a los infiernos perfectamente calculado. Allí donde se mire hay parapetado, emboscado un sicario económico procedente de Lehman Brothers, de Goldman Sachs o de buitres de igual calaña, dirigiendo la política económica de expolio social, pero no sólo en España.

Luis de Guindos, actual Ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España, fue Presidente del quebrado banco de inversiones Lehman Brothers en España; Mario Monti hombre de Goldman Sachs disfrazado de “tecnócrata” gobernó Italia tras haber ejercido de comisario europeo o Mario Draghi  actual presidente del Banco Central Europeo y vicepresidente de Goldman Sachs Internacional desde el 2.002 al 2.005. Todos pasan por expertos y sus mensajes pasan por dogmas de fe para los ultraliberales.

Dentro de este grupo de oráculos científicos incontestables, debe situarse el informe anual del Banco de España, que en el colmo de la desvergüenza ultraliberal, aconseja  una revisión en profundidad del sector público, o sea propone privatizar todo aquello que pueda ser rentable, chupar hasta el agotamiento la caja de las pensiones en beneficio de los fondos privados, fomentando una campaña de miedo sobre el futuro de la seguridad social, como ya hicieron hace 20 años promoviendo a diestro y siniestro planes privados de pensiones. Luego la realidad fue muy distinta a lo que publicaron los bancos, las inversiones de los planes privados resultaron ruinosas en su mayoría y el capital ha quedado indisponible para los participantes que no podrán rescatarlo hasta la fecha de una jubilación cada vez más tardía. Mientras tanto, desmintiendo las predicciones interesadas de los profetas bien pagados de la catástrofe del sistema público, desde 1.995 a 2010, la población cotizante a la seguridad social aumentó en 5 millones de afiliados.

Frente a esto, en la Constitución española  de 1978 en su Título I, Capítulo III, dedicado a los “principios rectores de la política social y económica” sus arts. 39, 41, 43, 49 y 50 conforman un bloque normativo unitario con una finalidad común que nos permite afirmar que son normas que expresan, más que normas con mero valor programático sin efectos vinculantes jurídicos,  auténticos principios de actuación de los poderes públicos, o sea concretan los deberes que los poderes públicos tiene obligación de asumir para dar cumplimiento a uno de los fines básicos del Estado español configurado como dice textualmente el artículo 1º.1 de la C.E.: ”España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

El artículo 50 de la C.E., dice textualmente: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Contrapuestos a la voluntad de perpetuar la explotación del hombre por el hombre para provecho de una minoría rica existen una serie de propuestas de acuerdo con la C.E., la Carta Social Europea, el Convenio OIT nº102 y el Código Europeo de Seguridad Social, que analizaremos en próximas entregas.

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