En defensa del sistema público de pensiones (II)

Perpetuar la explotación del hombre por el hombre para provecho de una minoría rica, es lo que hizo el Gobierno del Partido Popular aprobando el R.D.L. de 28/2012 del día 30/11/2016 y la Ley 23/2013 que introdujo el factor de revalorización y de sostenibilidad), que dejaron sin efecto la actualización de las pensiones de la Seguridad Social Española (o sea se congelaron las pensiones) vulnerando la C.E. y el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, que regulaba el derecho de los pensionistas a la revalorización anual de sus pensiones que establecía que “ las pensiones… serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo”, además de ser ambas medidas anticonstitucionales, vulneraron gravemente la normativa europea e internacional ratificada por el Estado Español.

Así vulneran:

a) Carta Social Europea (1961, ratificada por España y su protocolo de 1988, también ratificado, especialmente su artículo 12.

b) Convenio OIT nº 12 sobre seguridad social, en su artículo 65,1)

c) Código Europeo de seguridad social, Estrasburgo 16/04/1964, ratificado por instrumento de 4 de febrero de 1994, BOE 17/03/1995.

d) Pronunciamiento del Código Europeo de Derechos Sociales (CEDS).

Ninguno de los partidos presentes en el Parlamento Español han hecho la más mínima intervención denunciando estas flagrantes transgresiones de la normativa, y hablando de pensiones, solo se han preocupado de que las suyas vayan aumentando exponencialmente mientras las de la mayoría de ciudadanos va disminuyendo también exponencialmente.

Con la rapiña de las pensiones, han hecho que el peso de la crisis se cebara en las clases más desprotegidas, no solo legislando para bajar las pensiones sino también tomando otras decisiones igualmente onerosas, de todos conocidas, como por ejemplo:

a) Han provocado un cambio de modelo productivo basado únicamente en unas bajadas drásticas de salarios para abaratar los costes de producción. Las reformas laborales y los pactos sociales han potenciado la disminución del aporte de los empresarios a las arcas públicas.

b) Han subido el I.V.A., impuesto indirecto e indiscriminado que afecta por igual a las rentas más altas como a las más bajas en el consumo de bienes y de servicios.

c) Han propiciado una corrupción sin medida, sin poner los medios para paliarla, acompañado de una mala gestión de los recursos públicos que ha esquilmado la base del estado del bienestar. Acompañado por la indecencia de que son los propios gobernantes los más implicados en los abundantes casos de corrupción que para más escarnio se eternizan en los juzgados y tribunales de justicia, sin que nunca haya sentencias condenatorias con devolución del dinero robado.

d) Han propiciado el fraude fiscal, empezando por los dirigentes del Partido popular, ha existido una pasmosa facilidad de evasión del pago de impuestos en nuestro país, usando paraísos fiscales.

e) Durante este periodo de crisis se ha aprovechado para aplicar políticas que han tenido un efecto distributivo muy negativo, que ha favorecido a unos grupos de población (los ricos) y que ha perjudicado a otros (los pobres), además de para salvar a grandes bancos y ponerles en bandeja un mercado que antes no tenían, el mercado de las cajas de ahorro.

f) En abril de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy, con apenas medio año en La Moncloa, aprobó una amnistía fiscal para que empresas y particulares que hubieran defraudado a Hacienda pudieran blanquear su dinero negro pagando solo un gravamen simbólico del 10%, muy inferior a los impuestos que habían dejado de abonar. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) puso el grito en el cielo. Se trataba, para ellos, de “un atentado contra el Estado de derecho”, además de ser un mecanismo “contrario a la Constitución, que habla de un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.

g) El gobierno del Partido Popular ha ofrecido ventajas económicas a los empresarios a costa de reducir las cotizaciones sociales y lo que ha hecho ha sido trasladar el dinero del servicio público a las empresas.

Es de sinvergüenzas decir que no hay dinero para pagar las pensiones cuando: el fraude fiscal sobrepasa los 90.000 millones de €, la presión fiscal en España está 7 puntos por debajo de la UE, el rescate del sistema financiero por parte del Estado ronda los 108.000 millones de euros, de los que solo se han recuperado el 5%, la corrupción llena los paraísos fiscales, el Estado venía destinando al pago de las pensiones un porcentaje del PIB sustancialmente inferior al de la UE.

¿Por qué tienen tanto interés en meternos miedo?, ¿son aconsejables los planes de pensiones privados?, seguiremos defendiendo el Sistema Público de Pensiones.

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