En defensa del sistema público de pensiones (III)

Terminaba la parte anterior de este artículo con dos preguntas ¿Por qué tienen tanto interés en meternos miedo?, ¿son aconsejables los planes de pensiones privados?.

Las múltiples campañas realizadas para sembrar dudas acerca de la viabilidad de las pensiones públicas tienen también como finalidad potenciar los fondos privados de pensiones. De ahí que en todas las reformas se plantee la necesidad de completar las pensiones públicas con pensiones privadas.

Para ejemplo basta un botón, hace ya 25 años, en el año 1993, la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios, expertos y técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones, más bien la inviabilidad del sistema público. Después de veinte meses de trabajo llegaron a la conclusión de la imposibilidad de mantener el sistema público si no se reformaba, y se empleó la expresión quiebra de la Seguridad Social. Su pronóstico fue que para el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Batacazo?, ¿quiebra?, ¿Será incompatible con Maastricht?. Lo cierto es que el año 2000 llegó y no se produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron. De hecho, se registró un superávit del 0,4%. Una mentira tras otra, en cuantos estudios han hecho.

La única alternativa que se propuso a las pensiones públicas fue que cada persona de forma individual ahorrara para la vejez, y lo más indignante es que encima nos dijeron en qué inversiones teníamos que materializar nuestro ahorro. ¿Por qué en fondos y no directamente en bolsa o en vivienda o en obras de arte o en cualquier otro activo? Los fondos de pensiones no son más que una forma de ahorrar y no precisamente de las más ventajosas para el inversor. ¿Qué trampa saducea habrá en que propongan un sistema de ahorro (los fondos de pensiones) en detrimento de otros?.

Por otra parte, supeditar la solución de la posibilidad de llegar a la vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya podido acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su ancianidad a la gran mayoría de la población. El 60% de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro (por no llegar, no llegan a final de mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuantía a todas luces insuficiente para garantizar el mínimo vital en la jubilación. Lo que, en el fondo y en la forma, no les importa en absoluto, sólo les interesa su negocio, sea como sea.

Los mal llamados fondos de pensiones solo benefician a las entidades financieras depositarias de las inversiones y que controlan a las gestoras. De hecho, dejarían de existir tan pronto como desapareciese la desgravación fiscal, tal como se encargaron de difundir sus propios defensores cuando se expandió el rumor de que iban a perder los beneficios fiscales. ¿Pero cuál es entonces la razón de ser de un producto financiero que sin desgravación fiscal nadie, ni ricos ni pobres, estaría dispuesto a demandar? Para el participante carecen de todo aliciente: ausencia de liquidez, carencia de control de la inversión, pago de importantes comisiones, peligro de quiebra de la entidad financiera, etc. En cambio, todo son ventajas para las entidades financieras: fondos cautivos que manejan a su antojo a través de las gestoras y que les dotan de enorme poder económico, a la vez que les permiten apropiarse mediante distintas comisiones de la casi totalidad de la rentabilidad que tales recursos puedan generar. Y al que el depositante acude acuciado por el miedo que le provocan las falsas noticas sobre la imposible quiebra de la Seguridad Social.

No tiene mucho sentido hablar de que la viabilidad del sistema público de pensiones español está en cuestión, ya que el gasto, en relación al PIB, es reducido cuando lo comparamos con el de la mayoría de los países de nuestro entorno, ya que destinamos el 10% del PIB, mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, un 11,3%.

Aunque no se modificase el sistema, la situación no va a cambiar durante muchos años. Según los datos de la propia Comisión Europea (la misma Comisión Europea que nos conmina a llevar a cabo reformas urgentes), en el año 2030 nuestro gasto en pensiones será del 10,6%, prácticamente lo mismo que hoy gasta Alemania (10,5%). Y aún en el año 2035, nuestro gasto será del 11,3%. Los datos del gasto no avalan, pues, en modo alguno, la premura ni la obligación de cambiar de sistema.

Según admite la Comisión Europea en su informe The 2012 Ageing Report, tras la fatídica reforma de 2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría España, sería del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se reducirá rápidamente debido a que la presión demográfica de la llegada a la edad de jubilación de las generaciones del baby boom será sustituida por el efecto contrario: la llegada de las generaciones de la más baja tasa de natalidad de la historia). Es decir, tendremos que destinar a las pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones países como Austria, Francia o Italia.

La argumentación de todos estos informes era similar: Vaticinaban que en un determinado número de años se produciría la quiebra de la Seguridad Social, (pero el tiempo ha transcurrido y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se haya cumplido ninguno de sus pronósticos) debido a que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad dibujaban una pirámide de población que haría inviable en el futuro el sistema público de pensiones. No tuvieron en cuenta factores tan importantes como la incorporación de más mujeres al mercado laboral, el incremento en el número de inmigrantes y la tasa de actividad. Continuará.

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