La financiación de los partidos políticos (I)

Asombrado por el tamaño y éxito alcanzados por la corrupción, decidí “regresar” a la política por el fácil atajo de escribir allí donde tuvieran la amabilidad de publicar mis decepciones. En aquel momento, una de las primeras cosas que se me ocurrieron es que había que cambiar el sistema de financiación de los partidos políticos. Estaba pensando en ello cuando el amontonamiento de sorpresas que comenzó a depararnos el día a día de España primero, de Europa después y de Trump para rematar, hicieron que dejara sucesivamente en el tintero esa motivación inicial.

Pero siempre colma el vaso una última gota y no sé cual haya podido ser de cualquiera de las que a lo largo de cada día de cada semana de cada mes de cada año nos avergüenzan a todos, menos a los culpables, con la excepción de algún arrepentido ocasional, siempre ex, léase hoy Alberto Garre, presidente (ex) del PP de Murcia, que ha salido dando un portazo de los que retumban. Para confirmar, una vez más, que la libertad asustada que hemos “disfrutado” durante los últimos cuarenta años ha sido, y sigue siendo, una especie de laberinto de oficinas en las que meter la mano en la caja común forma parte del paisaje. He dicho susto, o miedo, porque ese es el fantasma que ha tenido agarrotada una democracia de la que tantos sospechosos presumen, pero que tanto se diferencia de todas las que nos rodean.

El recuerdo de nuestro pasado inmediato viene a cuento aquí, pues no es sino la prohibición prolongada de toda libertad, también la de asociación, lo que explica el hecho de que seamos uno de los países con menor índice de afiliación a los partidos, o que a esa deficiencia se sume algo tan sorprendente como que solo el 10% de tan baja afiliación se atreva a deducir, en la declaración anual del IRPF firmada con nombre y apellidos, las cuotas que pagan, a pesar de que eso les permitiría ahorrarse unos cuantos euros. O que incluso la tesorera del PP, siga defendiendo hoy el anonimato de las donaciones a los partidos políticos, lo que significa aprovechar el trauma que contamina el subconsciente colectivo para seguir creando barreras legales que permitan ocultar el delito de apropiación indebida de fondos públicos que practican de manera organizada. Y que acto seguido se haga la ofendida cuando los diputados de la oposición afirman que los de Rajoy no están colaborando con una Justicia que, por cierto, les ha expulsado de las causas por no colaborar. Para “mear y no echar gota de la risa”, que se decía cuando éramos mejor hablados que ahora.

Pero se trata de aportar ideas para propiciar el cambio de una legislación que se ha concebido con todas las trampas necesarias para ser burlada con total impunidad.

Vaya por delante que, si de algo han de servir Internet y sus buscadores es para no alargar cualquier texto con las referencias legislativas que se van amontonando. Las normas se evalúan por su eficacia y qué duda cabe que estas lo han sido, pero para favorecer a los delincuentes. Por tanto, le ahorraré a quien lea lo de citar la Ley Orgánica 8/2007, la de 2015 o al Tribunal de Cuentas y su nepotismo. Todo está, como se sabe, a la distancia de un clic.
Tampoco me parece necesario recorrer la legislación comparada de los sistemas de financiación de partidos existentes en otras democracias pues nuestra historia es tan distinta que importar modelos ajenos no implica la menor garantía. Además, estamos en un periodo de cambios que, como todos, requiere imaginación y osadía, comenzando por encarcelar al mayor número de ladrones y cómplices, no nos vaya a ocurrir como tras la muerte de Franco, que por no limpiar la porquería estamos liderando los rankings de corrupción.

Entrando en el meollo, hay tres preguntas a las que es necesario responder antes de reformar la financiación de los partidos políticos.

Primera.- ¿Quién debe financiar a los partidos políticos?
Segunda.- ¿Cómo deben financiarse los partidos políticos?
Tercera.- ¿Qué es transparencia sobre las finanzas de los partidos?

Iremos una por una.

Primera.- ¿Quién debe financiar a los partidos políticos?.

Procede la pregunta porque está proliferando entre algunos influyentes la especie de que lo único importante es que se sepa quién entrega dinero a quién, como si fueran lo mismo las cuotas de cien euros de mil afiliados movidos por sus convicciones y la confianza en la política, que la entrega de cien mil euros de una empresa movida exclusivamente por sus intereses particulares y que podría ser favorecida mediante adjudicaciones tramposas de contratos públicos, tal como los juzgados demuestran que es el pan de cada día.

En mi opinión, los partidos deben ser financiados, única y exclusivamente, por personas físicas. De manera personal y directa, o indirecta a través del Estado, que esto se aborda en el apartado siguiente. Esta respuesta nace de una lógica que parece aplastante. A saber.

Los candidatos que concurren a las elecciones son siempre personas físicas para ser elegidos por otras personas físicas mediante el voto secreto y en base a un programa electoral. No es ocioso recordar que los elegidos, aunque se presenten con unas siglas, son dueños de sus escaños. Por tanto, no es legalmente aceptable que una empresa, por ejemplo, altere el contrato electoral “firmado” en las urnas entre personas físicas. Y no hay nada como mucho dinero en un solo sobre para alterar un acuerdo ante el que una de las dos partes, el electorado, se haya indefensa, pues no puede reclamar su cumplimiento, la acción de legislar y gobernar en base a ese programa electoral conocido, hasta el día en que se celebren las siguientes elecciones. Una fecha a la que, por cierto, se puede llegar con muchas cosas irreversiblemente estropeadas, léanse esta vez la cantidad de millones convertidos en paisajes urbanizados con obras públicas que siguen desiertas y que han servido para llenar de dinero negro la caja del partido que sostenía al gobierno que adjudicaba, para así ganar elecciones más dopado que Amstrong. Y si las pierde, deja a los nuevos endeudados hasta las cejas. A la sociedad española no hay forma de devolverle los gobiernos robados. Y a Rajoy, el jefe de los más imputados, ninguna Justicia ha conseguido siquiera investigarle.

Volviendo a un asunto que no nos preocuparía si no hubiera tanta corrupción, es “de cajón” que una empresa representa siempre unos intereses que solo la benefician gracias a que perjudican a muchos de los que no están vinculados a ella. Es la ley del sistema que, por cierto, nadie cuestiona y que, por eso mismo, su poder e influencia deben estar perfectamente definidos cuando tocan lo público, lo de todos, para que se respeten los derechos e intereses de los demás, tan legítimos como aquellos y muchas veces contrarios.

Al margen de lo anterior, no cabe duda que los partidos deben poder financiarse con los resultados que devengue su propia actividad. No obstante, es imprescindible limitar y controlar con las mismas exigencias que se proponen para los partidos a esos satélites de que se rodean, como las fundaciones, con la principal intención, cuando no única, de canalizar ingresos y otros recursos que no podrían llegar legalmente a los partidos.

Continuará.

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