La financiación de los partidos políticos (II)

Si usted leyó la primera entrega, publicada ayer en este mismo Periscopi, seguro que recuerda que las dos preguntas que quedaron pendientes de respuesta fueron las siguientes: ¿Cómo deben financiarse los partidos políticos? y ¿Qué es transparencia sobre las finanzas de los partidos? Sigo, pues.
Segunda.- ¿Cómo deben financiarse los partidos políticos?

2a.- En el momento de su constitución.

Al constituirse, cada partido debe abrir una caja con las aportaciones de los afiliados fundadores, si las hubiera, y presentar el estado inicial de cuentas al registro público correspondiente. Esa información debe desglosarse con todo detalle. Al menos con el mismo que se pide a cualquier persona jurídica, tal como se hace, por ejemplo, con las empresas privadas: información del capital constituido y desembolsado, etcétera… Lo que no está reñido con que los partidos deban ser democráticos y, por ejemplo, valgan exactamente lo mismo los votos de todos sus miembros.

A partir de ese momento inicial, tres deberían ser los canales para obtener ingresos, siempre procedentes de personas físicas.

2.b.- Las aportaciones personales de sus afiliados.

En este caso, el pago directo de las cuotas de los afiliados y simpatizantes, con los límites legales que se establezcan. A estas alturas, la ley debería obligar a que todas esas aportaciones entraran a través de entidades bancarias. En relación con esto, no estaría de más que el Estado proporcionara a todos los partidos una cuenta financiera pública con la que trabajar, quizás en el Banco de España, por si cualquier circunstancia relacionada con las actuaciones de la banca privada pudiera resultar inaceptable para algún partido político.

2.c.- La financiación con cargo a los presupuestos generales.

Se trata del dinero que reciben por concurrir a los procesos electorales. En mi opinión, el número de papeletas recibidas en las urnas debe ser el único criterio de cálculo, pues el de representantes conseguidos está siempre alterado por leyes electorales que no respetan la proporcionalidad y que está demostrado que perjudican más a unos partidos que a otros a pesar de que se trata del ejercicio de un derecho democrático, igual para todos por definición. En los temas de dinero público es injusto que leyes pactadas entre los fuertes puedan perjudicar a los débiles, les impidan competir en igualdad de condiciones y terminen convirtiéndolos en más pequeños de lo que deberían ser según las preferencias del electorado. Además esta financiación que se propone que sea la única de esta clase, debe abonarse al margen de que los partidos consigan representantes, porque no toda la política se hace en las instituciones. Pero toda cuesta dinero.

2.d.- A través de la declaración anual del IRPF.

Se trata de una innovación necesaria. La declaración del IRPF debería ser un procedimiento anual voluntario para que todos los contribuyentes que lo deseen puedan canalizar hacia uno o varios partidos políticos de su preferencia el porcentaje de sus impuestos que la ley debería establecer, mediante un modelo similar al que existe para financiar a la Iglesia Católica. Además, podría preguntarse al declarante, en el mismo impreso, si autoriza al Estado a facilitar sus datos al partido o partidos que decide financiar, cosa que ayudaría mucho a recuperar la muy deteriorada confianza en la democracia y podría mejorar la participación ciudadana en la política.

Tercera.- ¿Qué es transparencia sobre las finanzas de los partidos?

Hace mucho tiempo que podemos consultar y operar con nuestras cuentas bancarias desde la playa o la montaña. Y que somos conscientes de que el Ministerio de Hacienda sabe de nuestros dineros más que nosotros mismos. Incluso acabo de leer que más de quinientas empresas ya comunican en tiempo real a Hacienda las facturas que emiten, sea su importe de un € o de mil millones. En cambio, las finanzas de los partidos constituyen un territorio sometido a su libre albedrío, del que los juzgados están demostrando que es pura coincidencia cualquier parecido entre la información que envían al muy cuestionado Tribunal de Cuentas y la realidad del dinero de todos los colores que han movido en tantas cajas como letras tiene el abecedario, o más.

Aleccionador sobre lo de la transparencia resulta el “jardín” en el que se ha metido la gestora del PSOE por querer intervenir el “crowfunding” que ha organizado Sánchez para financiar sus gastos. A ver quién se atreve ahora a pedirle a Susana los justificantes de los ingresos y los pagos de su candidatura a las primarias que, solo con un acto como el de su presentación en Madrid, ha tenido que soportar un coste cercano a la mitad de lo recaudado por Pedro. Salvo que haya conseguido un precio muy bonificado, es decir, probable financiación ilegal bajo cuerda.

Por tanto, si por cada metro cuadrado de partido político se cometen más irregularidades que por cada kilómetro cuadrado de ciudadanos y empresas, ¿a qué viene que las finanzas de aquellos, que además son menos, estén mucho menos controladas por el Estado que los de estos y estas? Seré breve.

3.a.- Deben transferirse del Tribunal de Cuentas a los servicios de Inspección del Ministerio de Hacienda todas las competencias relacionadas con el control y seguimiento del dinero que manejan los partidos políticos. Hay que dotar a esos servicios de Inspección de mayor independencia respecto del Gobierno.

3.b.- La más importante, conexión permanente y en tiempo real con la Inspección de Hacienda de todas las cajas de efectivo y cuentas bancarias que figuren a nombre de cualquier partido político, de tal manera que cualquier movimiento que se produzca en las mismas quede anotado automáticamente en la Inspección. Por supuesto, a partir de esa conexión, cualquier movimiento dinerario de los partidos políticos que se produzca fuera del circuito financiero conocido por el Estado será considerado irregular hasta que no quede integrado en el registro legal y, en su caso, sometido a la revisión por la Justicia.

3.c.- A la vista, sobre todo desde casos como Gurtel, de una estrategia de financiación ilegal basada en la asunción directa de gastos de los partidos, principalmente electorales, por parte empresas a las que después se las beneficia con dinero público, parece imprescindible realizar modificaciones legales que autoricen a la inspección de Hacienda la realización de auditorías exhaustivas de la contabilidad de los partidos pero, además, de todas las empresas que sean proveedoras de dichas organizaciones, o de cualquier administración o empresa pública, además de realizar un seguimiento específico del calendario de actos electorales, para cotejar la titularidad de los costes vinculados a los mismos.

Conclusión.

Un sistema construido por el mismo aparato del Estado que había impuesto y consolidado una dictadura de cuarenta años no podía dar lugar a una democracia medianamente limpia. Es lo que toca hacer en esta etapa, a pesar de estar rodeados, de nuevo, por las mismas tendencias autoritarias y racistas que ayudaron al golpe de estado de Franco y dieron paso al periodo más desgraciado del siglo XX.

Las propuestas formuladas en este trabajo son, todas, perfectamente aplicables y, por supuesto, no descubren nada especialmente nuevo. Solo hace falta voluntad política. Ni Podemos, ni Ciudadanos ni PSOE pueden estar en desacuerdo con estas reformas legales, u otras parecidas que permitan conseguir los mismos efectos. Además, tienen mayoría de sobra para aprobarlas en el Congreso y el gobierno no puede decir que afecten a los Presupuestos del Estado. Y si han tenido tiempo para salvar los rabos inocentes de perros y gatos, deberían hacer un hueco para decirles a ciertas manos culpables donde no deben meterse, y de esa forma no tener que “cortarlas”.

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