La Justicia, ¿sólo para ricos?

El Consejo de Ministros del pasado 27 de Julio, acordó entre otras medidas, remitir a las Cortes Generales, el Proyecto de Ley por el que se regulan determinadas tasas judiciales en el ámbito de la Administración de Justicia que supondrá un incremento de las mismas, sobre todo en segunda instancia.

En dicho Proyecto de Ley, las tasas judiciales, no solo incrementarán la cuantía que hasta ahora tenían fijada, sino que se extenderán a las personas físicas y se amplían sustancialmente los hechos imponibles, pues se extiende a la interposición de demanda o recurso de los distintos procesos previstos en el orden civil y en el contencioso administrativo, así como a la interposición de recursos de apelación y de casación en el orden económico-administrativo y en el civil y de los recursos de suplicación y de casación en el orden social.

A partir de ahora los ciudadanos, las empresas de todo tipo, los trabajadores o los emprendedores, tendrán que abonar dichas tasas a partir de la aprobación de la nueva Ley, para acceder a algo tan básico y reconocido en nuestra Constitución, como el derecho a la Justicia, que quedará al alcance de unos pocos.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2011 se revocaron el 36% de las sentencias dictadas por Juzgados de Primera Instancia y el 32,10% de las dictadas por los juzgados de lo Mercantil. Actualmente ya resulta complicado decidirse por instar un recurso al valorar los costes del mismo (50 euros de depósito, costas de propias de ambas instancias, costas de adverso también de ambas instancias, aumentadas con el 21% del IVA). A todo esto habrá que sumar 800 euros más el diferencial correspondiente. Como muy bien denuncia La Confederación Española de Abogados Jóvenes: “Esto supone que, para asuntos de no gran envergadura, que son los que afectan a las clases medias y las más desfavorecidas de nuestra sociedad, resulte inviable económicamente instar un apelación, teniendo en cuenta además que no todos los ciudadanos pueden disponer del inmediato pago de dicho importe”.

Un par de ejemplos para entendernos:
• Sólo aquellas personas que ingresen menos de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), 15.975 euros, tendrán acceso a la justicia sin coste añadido…
• Para reclamar el pago de una deuda de 1000 euros, se deberá abonar una tasa de 105 euros.
• Para recurrir ante los Tribunales cualquier actuación de la Administración, se deberá abonar una tasa mínima de entra 200 y 350 euros, según el tipo de proceso.
• Para recurrir una sentencia se deberá abonar una tasa mínima de entre 500 y 1.200 euros, según el tipo de recurso y el orden jurisdiccional.
• Para recurrir una multa de tráfico de 100 euros, se deberá abonar una tasa costará 200 euros.

Tanto el Consejo General de la Abogacía (CGAE), como El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se han posicionado en contra de dicha imposición de tasas.

El CGAE, mediante una carta remitida por su presidente, Carlos Carnicer, al ministro Gallardón, ha manifestado su “ rechazo enérgico” al anteproyecto y apostado por fórmulas para evitar acudir a los tribunales y aumentar las vías de solución extrajudicial de litigios y El CGPJ mediante un duro informe, que entre otras cosas: sugiere algunas dudas sobre la constitucionalidad del anteproyecto, en cuanto que el T.C ha advertido que la cuantía de las tasas “no debe impedir u obstaculizar desproporcionadamente el acceso a la jurisdicción….”

No podemos permitir los ciudadanos, que en estos momentos de crisis, aduciendo razones de reducción de gasto o presupuesto, se nos pretenda impedir o dificultar el acceso a la Justicia.

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