La renta mínima

Con la única y feroz oposición del PP y Ciudadanos, como no podía ser menos, ayer jueves el Congreso aprobó admitir a trámite la iniciativa legislativa popular para establecer en nuestro país una renta mínima garantizada. La iniciativa, propuesta por UGT y CCOO, venía respaldada con 700.000 firmas. Dicho sea de paso, los dos partidos de derechas se retrataron ya esta semana al oponerse a una subida de las pensiones más allá del 0,25% estipulado, siendo que el IPC ha subido más del 3%.

Ni que decir tiene que el PP hará lo imposible por alargar su tramitación desde el Senado –órgano que habría que finiquitar cuanto antes-, dado que su aplicación supondrá un coste de unos 12.000 millones de euros y Don Mariano andaba ilusionado con presentar a Bruselas unos recortes de unos 5.000 millones.

Sin embargo, siendo loable la iniciativa en sí misma, nuestra izquierda se está quedando tan cortita como siempre. En principio, podrán ser beneficiarios los mayores de edad y menores de 65 años que estén en el desempleo y hayan agotado las prestaciones, con la única condición de haber residido en nuestro país de forma ininterrumpida los seis meses previos a la presentación de la solicitud. Hasta ahí bien. Y a partir de ahí la autocastración a la que tan acostumbrada está nuestro rojerío: fijar la cuantía en el 80% uno de los salarios mínimos más bajos de Europa, resultando la cantidad de 426 euros. A Podemos le ha faltado tiempo para proponer elevarla, y con razón, a 660 euros. 426 euros no dan ni para comer carne una vez al año.

Lo peor viene a continuación: en caso de que en la familia del desesperado solicitante hubiese alguno con ingresos, sólo será concedida la renta mínima “”cuando la suma de las rentas o ingresos de todos los integrantes de la unidad familiar, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por 100 del salario mínimo”. Y así mandamos a tomar viento fresco, por no decirlo con palabras más gruesas, el fundamento del contrato social, condicionando la relación Estado-Ciudadano por su situación familiar. En los antípodas, por tanto, de lo que postulaba, por ejemplo, un Olof Palme, cuando defendía desde sus posiciones socialdemócratas que el Estado debe procurar que todo ciudadano sea autónomo e independiente económicamente de su familia. Pero aquí hemos leído poco a Rousseau. Y menos a Palme.

José Luis Reina

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