La verdadera reforma

Quienes opinan que el caso Bárcenas no es más que una anécdota van un paso por delante. La reflexión analiza la causa y no se detiene en la anécdota. Porque Bárcenas es un subproducto del sistema institucional español. De la deliberada y persistente intencionalidad de obviar la verdadera reforma de la financiación de los partidos políticos que unos y otros vienen soslayando desde hace décadas. Zapatero aprobó la Ley de 8/2007, de 4 de julio sobre Financiación de Partidos Políticos y Rajoy introdujo modificaciones de carácter formal con la 5/2012, de 22 de octubre. Pero tanto el texto inicial como su reforma adolecen de graves defectos: cargan a lomos del presupuesto público más del ochenta por ciento del coste electoral de los partidos y obvian una regulación contundente en materia de infracciones y sanciones. La financiación vía cuotas de los afiliados apenas supera el quince por ciento.

La ley garantiza la adecuada financiación de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a través de subvenciones anuales proporcionales al número de escaños y votos obtenidos. Y como no se trata de dejarlos desamparados también prevé que Las Comunidades Autónomas puedan hacer lo mismo con los partidos políticos con representación en sus respectivas Asambleas Legislativas. Tomen nota de que esta cuestión no parece ser considerada como una “duplicidad de competencias” – o de repago de subvenciones, mejor dicho- de esas que se califican con el cultismo de “exceso de grasa”.

La reforma prohíbe lo que casi todos creemos que sucede de facto, pero cuya prueba resulta muy complicada porque es difícil que alguien vaya al juez a contarle que delinque: que los partidos políticos no pueden recibir dinero de empresas, particulares, fundaciones y resto de beneficiarios de contratos con la Administración. También prohíbe las donaciones superiores a 100.000 euros. Pero las sospechas de que ésta ha sido la práctica habitual en Comunidades Autónomas (casos Túnel de Sóller y Pallerols) y el Estado (casos Naseiro, Filesa y Bárcenas) está tan extendida como los tatuajes y el botox.

Hemos copiado el sistema de los socialistas franceses de los 90 consistente en una empresa fantasma llamada URBA que se financiaba a través de facturas falsas con comisiones de entre el 3 y el 10 por ciento de las adjudicaciones de contratos y licencias públicas. El policía Antoine Gaudino y el juez Thierry Jean-Pierre destaparon el asunto a través de los llamados cuadernos Delcroix en los que el responsable contable de URBA registró todos los apuntes contables. ¿A qué les suena? A continuación se libró una batalla apestosa en la que el gobierno trató de silenciar al poder judicial. Indultos, amparos y todo tipo de argucias para tapar el asunto. Acabó con el procesamiento del tesorero del Partido Socialista francés en 1994 , Henry Emanuelli , a su vez presidente de la Asamblea Nacional Francesa. En el 2000 volvió a la política.

Lo anterior aconseja una nueva ley de partidos que impulse la competencia entre los políticos para ganarse un lugar en una lista abierta y renegar del actual sistema de partidos basado en la meritocracia perruna. Que instaure congresos cada dos años, como la ley alemana, para alimentar las ideas y la transparencia. Sería conveniente establecer un sistema a la austriaca, por el que un comité de expertos publicitas ajeno al partido analizase los gastos electorales; por la implementación de auditorías anuales hechas por censores jurados de cuentas privados e independientes. Es imprescindible que la rendición de cuentas sea pública y anual y que la financiación de los partidos tenga un componente público minoritario. Es lo que han legislado estos últimos años holandeses, alemanes, austriacos y hasta los italianos (aunque estos últimos no son un ejemplo en esta materia). La financiación mayoritaria debería provenir de afiliados y donativos y el Estado debería cubrir sólo parte de los gastos electorales en función de los resultados de los diferentes partidos. También sería oportuno establecer desgravaciones fiscales para las aportaciones privadas.

Porque dada la desconexión tan importante entre los partidos políticos y los ciudadanos; la falta de representatividad de éstos y la falta de atención a las demandas sociales, no pueden ser merecedores de una financiación mayoritaria pública. Además este sistema induce a que se comporten como una élite funcionarial ajena a la realidad del país, pero sin la vocación de servicio e independencia que caracteriza a parte de estos últimos.

Por último está la gran cuestión que tan acertadamente sostiene Niño Becerra y otros pensadores independientes liberales: las corruptelas de todos esos personajes mencionados y resto de los que ustedes conocen, sólo constituyen una parte irrisoria en comparación con lo que nos cuestan las obras innecesarias, los asesores, , los contratos a amigos y el sector instrumental que tienen todas las administraciones. La ley de financiación de partidos debería acometer esta cuestión con un régimen sancionador civil personal proporcional al daño causado. Bastaría un comité de padres de familia con sentido común para discernir qué es necesario gastar del presupuesto público de lo que es esa otra forma de corrupción que tanto dinero nos cuesta y que carece, intencionadamente, de cualquier regulación legal.

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