Montesquieu ha muerto…

El sistema político de separación de poderes nace en la época de la Ilustración con la obra de Montesquieu “El espíritu de las leyes” y cuyo fin es el de proteger los derechos de la persona contra los abusos del propio Estado evitando que éste, en el ejercicio de las facultades coercitivas que ha recibido de la colectividad, pueda usarlas en contra del hombre.

 

De esta forma las funciones del Estado quedan claramente definidas por los tres poderes que conforman el Estado de Derecho donde todos los ciudadanos y también los poderes públicos están sometidos por igual al imperio de la ley.

 

El poder legislativo, encargado de redactar y aprobar las leyes regulando, en nombre de la sociedad de quien ha recibido la autoridad para ello, los derechos y obligaciones de todos sus ciudadanos.

 

El poder ejecutivo, cuya misión es hacer cumplir las leyes que emanan del pueblo a través del poder legislativo que las redacta y aprueba en virtud de la potestad de que está investido por la facultad que le otorga la representación de la voluntad popular.

 

El poder judicial, encargado de administrar la justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas y la interpretación y estricto cumplimiento de la legislación vigente.

 

Es incuestionable que la esencia del sistema estriba en la absoluta autonomía e independencia de cada uno de los tres poderes. Así el poder legislativo debería desempeñar dos funciones fundamentales, la legislativa propiamente dicha y la de órgano de vigilancia y control sobre el poder ejecutivo, pero eso no es así. El poder legislativo está dirigido, sin duda alguna, no solo por el propio poder ejecutivo que es quien dirige sus actuaciones, sino por el o los partidos que conforman la mayoría de las cámaras quienes han confeccionado las listas cerradas que presentaran a las elecciones, constituyendo un conjunto de parlamentarios a sus órdenes, en general profesionales de la política, que no ejercerán su actividad según su ideología y conciencia sino que lo harán de acuerdo con el mandato que reciben.

 

Otro ejemplo claro es el del poder judicial que debería ser árbitro imparcial con absoluta autonomía en sus decisiones aunque la experiencia diaria, más en los últimos tiempos, nos demuestra que no todos somos iguales ante la ley. Vemos claros ejemplos en los que la normativa legal se acomoda a la persona a la que se juzga, se amnistían personas en función de quienes son, se producen dilaciones en los procesos judiciales que la sociedad no comprende y que podrían terminar con la prescripción del hecho juzgado, la fiscalía ejerce la acusación de forma distinta dependiendo de la personalidad del imputado, se opone a actuaciones e investigaciones contra personas de relieve público que no acaban de entenderse, etc.

 

El poder judicial, según mi opinión, perdió una parte importante de su independencia desde el mismo momento en que los partidos políticos, especialmente los mayoritarios, quisieron influir en la voluntad de decisión de la administración de justicia. En nuestra Constitución de 1978 se establece que de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial se elegirán cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, 4 a propuesta del Senado y 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales. Sin embargo en 1985 la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial establece que los 12 miembros que deben ser elegidos entre jueces y magistrados, serán elegidos por las tres quintas partes de las Cortes Generales, con lo que la politización del órgano judicial, está servida ya que el CGPJ tendrá la posición política según la mayoría existente en el Congreso y el Senado. Si observamos la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, máximo guardián de la constitucionalidad de las leyes, no es muy diferente. De sus 12 miembros, cuatro son elegidos por el Congreso de los Diputados, cuatro por el Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos por el CGPJ, que sin duda responderá a la orientación del propio Consejo General. Por último, el Ministerio Fiscal, estructura jerarquizada cuya jefatura superior la ostenta el propio Fiscal General del Estado a quien le corresponde el impartir órdenes e instrucciones convenientes a sus miembros, no hay que olvidar que su nombramiento lo es a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

 

Visto lo visto no hay duda que se puede afirmar, sin miedo a equivocarnos, lo que alguien en su día pronunció…, que MONTESQUIEU HA MUERTO.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *