Por imperativo legal

Ayer jueves, día 30, el Parlamento nacional aprobó la creación de una comisión parlamentaria encargada de investigar la financiación ilegal del PP. La propia bancada del PP apoyó, para sorpresa de algunos, la propuesta presentada por el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. En defensa de esa inesperada, inusual y contra natura actitud, el portavoz del PP en ese debate justificaba el voto afirmativo dado su afán por cumplir el punto 91 de los acuerdos suscritos entre su partido y Ciudadanos. Imperativo legal y obligada nobleza. El hombre no supo quedar mejor.

Sin embargo, ese derroche de ética por cumplir lo pactado, caso de Murcia aparte, tiene su truco. Nadie sabe mejor que Rajoy, que ya era parlamentario cuando hizo la primera comunión, que no hay mejor manera de ralentizar una investigación que la de crear una comisión ex profeso. De hecho, enredar cada propuesta progresista en la maraña de los protocolos, procedimientos, viajes de ida y vuelta al Senado y tiempos de la vida parlamentaria viene siendo la estrategia habitual del PP, partido que limpia, fija y da esplendor a nuestra democracia como es de sobra conocido.

Antes que esta nueva comisión, el parlamento ya había aprobado una para investigar la presunta ilegalidad de las actuaciones del anterior ministro de Interior, Fernández Díaz, sobre el proceso soberanista catalán, y otra sobre el rescate bancario. Uno puede pensar que son muchos los sapos que se está comiendo (o al menos masticando) nuestro señor presidente en esta joven legislatura, y de ahí su reciente amenaza al aludir a la posibilidad de convocar nuevas elecciones en cuanto se esté en plazo legal para ello. Esa amenaza fue hecha, naturalmente, como aviso para un solo navegante, el PSOE.

¡Pobre Pedro Sánchez!

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