Por un reconocimiento de la profesión docente (II): el código deontológico del docente

El CDL dispone de un código deontológico del profesional de la educación porque ésta es la profesión mayoritaria entre los colegiados y porque, de un modo u otro, la promoción y el cultivo de la cultura tienen siempre una dimensión educativa. Sin embargo, la deontología es una disciplina que corre el riesgo de devenir catecismo, pues, sin tener rango de ley, se impone como preceptiva para cualquier profesional liberal como médicos, letrados, farmacéuticos, veterinarios o notarios. Tampoco hay que olvidar que, ante todo, es una rama de la ética, en particular de la así denominada ética aplicada. Y en tanto que tal no puede tomarse irreflexivamente a riesgo de desubtancializarla de su estatuto filosófico. Ése es quizás el riesgo mayor de la deontología si añadimos su enseñanza acrítica en cursos de formación de profesorado y universidad. Así, como concepto, bien puede resultar harto sugerente a riesgo de no ser menos peligroso su cultivo y acabar con cualquier espíritu crítico en torno al quehacer profesional. De otra manera, el código deontológico tiene un límite: la reflexión que inicia el propio profesional en tanto que sujeto autónomo. Así, jamás el código deontológico podrá superar el límite de la autonomía del sujeto moral y necesariamente, más allá de una declaración de intenciones, deberá incluir una declaración de principios.

El caso paradigmático de la deontología lo encontramos en las ciencias de la salud, en particular en la obra de Beauchamp y Childress (1979). La deontología que proponen Beauchamp y Childress es de carácter principialista, es decir, se apoya en los antedichos principios emanados de lo que los autores denominan «la moral común». Para los autores los principios son «guías generales que dejan lugar al juicio particular en casos específicos y que ayudan explícitamente en el desarrollo de reglas y líneas de acción más detalladas» (p.34). Para estos autores la conducta de los diferentes sanitarios (médicos, enfermeros, farmaceúticos, matronas, fisioterapeutas y psicólogos) se ha de regir por los cuatro principios siguientes: autonomía, beneficiencia, no maleficiencia y justicia.
Hablamos de autonomía como capacidad de dotarse a uno mismo de normas morales frente a cualquier determinación heterónoma. Bien es cierto que de éste emana no sólo la responsabilidad moral, sino también el poder de decisión. En las ciencias sanitarias se entiende que cualquier praxis curativa no puede estar por encima de la autonomía del paciente o cliente, pues no se puede actuar en contra de la soberana voluntad del mismo aún cuando sus decisiones puedan poner en riesgo la vida misma. Sin embargo, la cura o cuidado educativo conlleva una asimetría que hace que la soberanía de este principio se atempere. Desde el momento en que la educación es una relación asimétrica y que persigue precisamente autonomizar al sujeto, vemos que éste no es del todo autónomo sin necesidad para ellos, de proceso civil alguno que incapacite o someta a tutela o curatela legal al educando. El educando va adquiriendo la autonomía progresivamente como acto de generosidad por parte del educador y no se asume ésta sin más.

La finalidad de todo acto educativo es hacer el bien al educando, es decir, al menesteroso que está por formarse. Eso distingue a la educación de la mera instrucción. Es pues, el principio de beneficiencia intrínseco a todo proceso educativo como lo es su limitación negativa de no maleficencia.

La no maleficencia se entiende como primum non nocere, y tiene tanto que ver con las limitaciones epistémicas como con un juicio de prudencia sobre la praxis sanitaria. En educación observamos precisamente esa misma prudencialidad y limitación de las habilidades del profesorado para el cuidado. Ni paternalismo sobreprotector ni incuria más que habitual en cualquiera de los niveles educativos. En cualquier caso lo que sí debe estar presente es una fuerte voluntad de que la práctica docente, en efecto, cura y procura un bien. En ese sentido es precisamente una actividad que debe estar necesariamente reglada y sometida a unos altos estándares de excelencia; evitar el desastre está en manos del educador y es tan responsable como cualquier facultativo de sus acciones.

Finalmente, una sociedad justa requiere de unos ciudadanos que aspiren a esa misa justicia. No hay justicia sin ciudadanía cultivada. De manera que no sólo la educación debe perseguir la justicia como declara el código de la profesión docente al afirmar que «los valores cívicos fundamentales de nuestra sociedad deben ser la justicia y la democracia, orientados al mantenimiento de una convivencia social armónica, el profesional de la docencia deberá regirse en todo por dichos criterios de actuación. Y para respetarlos, no perderá nunca de vista los principios de justicia, veracidad y objetividad en sus actuaciones». Pero eso conlleva inevitablemente una justicia en la distribución de los recursos para la enseñanza y en la garantía del acceso a la misma por parte de todos los integrantes de la sociedad. Difícilmente se realizará un ideal de justicia social sin una política educativa que garantice una educación de calidad, ya sea pública o privada pero, en cualquier caso, accesible al más modesto de los ciudadanos.

En suma, la educación no es una ciencia sanitaria, sin embargo sí se ocupa de la cura en el sentido del cuidado y la ayuda, de ahí que esos mismos principios no puedan no sólo ser ajenos, sino que bien pueden ser compartidos o constituir un trasfondo para la reflexión deontológica en educación y ayudar a subsanar las deficiencias del código deontológico de la profesión docente. De otra manera, por sí sólo éste tiene dos deficiencias que deben señalarse y, a su debido tiempo, subsanarse.

(1) El código deontológico de la profesión docente, aún siendo una declaración de intenciones o, mejor, de buenas intenciones, no alude en momento alguno a la autonomía moral del educador que, dicho sea de paso, no deja de ser una virtud ejemplar con carácter eminentemente educativo.

(2) El código deontológico de la profesión docente, si bien es aplicable por analogía a la educación superior y a otros ámbitos educativos no formales se centra en exclusiva en la educación infantil, primaria, secundaria, de bachillerato y formación profesional, lo que hace que el órgano promotor, el Colegio de Doctores y Licenciados quede señalado como una corporación centrada en esos colectivos de manera preferente. En este sentido cabe afirmar que la docencia en educación superior no es menos acto docente sujeto a una determinada ética profesional de la que conviene al menos explicitar sus principios. De forma que una declaración como la que aparece en el proemio del código deontológico donde se señala la asunción y aceptación «por cuantos ejercen esta profesión, esto es, los Maestros de Educación Infantil, los Maestros de Enseñanza Primaria, los Máster en Enseñanza Secundaria, así como cuantos desarrollen una función educativa y docente en centros de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria y de Formación Profesional» debería ser claramente ampliada al ámbito de la educación superior y de las actividades educativas no formales con las debidas modificaciones.

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