Por una sociedad segura y libre de violencia de género

En la última década han muerto en España 800 mujeres víctimas de la violencia machista. Desde 2005 en Baleares 21 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex-parejas. Somos una de las comunidades donde se registra una de las tasas de denuncias por violencia de género más altas del estado, concretamente 84 por cada 10.000 habitantes.

El 2004 el Parlamento español aprobaba por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La violencia de género salía del ámbito privado para ser una cuestión de orden público. Precisamente ahora hará un año que España recibía en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que las instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas. Las tres instituciones consideraron que nuestra ley contra la violencia de género es una de las más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia sexista en todo el mundo. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce: los continuos recortes presupuestarios en programas de igualdad (un 36% en esta legislatura) y de violencia de género (un 17%) han contribuido a deshacer un camino en el que se habían dedicado muchos esfuerzos.

La semana pasada asistí al Consejo Federal de Igualdad del PSOE donde el candidato a la presidencia del gobierno de España, Pedro Sánchez presentaba un gran acuerdo social, político e institucional contra la violencia de género. Un gran pacto que nos permita avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género.

La última Macroencuesta “Violencia contra la Mujer 2015” elaborada por el Gobierno en colaboración con el CIS arroja datos para la reflexión y exige una actuación consecuente con el cumplimiento del convenio de Estambul, ratificado en 2014 por España y que aborda de manera integral la violencia contra las mujeres.

Según la macroencuesta, el 12,5% de las mujeres españolas mayores de 16 años han sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas o ex parejas a lo largo de su vida. Hablamos de la friolera de dos millones y medio de mujeres. Si miramos qué pasa con la juventud, vemos que un 25% de las menores de 25 años ha sufrido violencia de género.

Si en España hay actualmente 20.358.827 mujeres mayores de 15 años (según los datos del padrón municipal correspondientes a 2014) más de dos millones y medio han sufrido violencia física y/o sexual alguna vez en la vida por parte de su pareja o ex pareja. Con respecto a los otros tipos de violencia: un 25,4% de mujeres ha sufrido violencia psicológica de control alguna vez en la vida, un 21,9% ha sufrido violencia psicológica emocional y un 10,8% ha sufrido violencia económica. En el último año los porcentajes serían los siguientes: 9,2%, 7,9% y 2,5%, respectivamente para cada tipo de violencia.

Trasladando estos porcentajes a datos absolutos las cifras son demoledoras. Hablamos de que en España en los últimos 12 meses más de un millón y medio de mujeres ha sufrido violencia psicológica de control y psicológica emocional y más de medio millón de mujeres ha sufrido violencia económica.

Por todas estas razones, porque no podemos tolerar ni un asesinato más y porque este verano ha sido trágico, la propuesta de los socialistas es la de avanzar hacia un gran Pacto Social, Político e Institucional contra la Violencia de Género. Este pacto debe:

– Reponer y dotar de manera suficiente las partidas presupuestarias que se han venido recortando en los últimos años, especialmente en prevención y en asistencia social de las víctimas de violencia de género.

– Crear la “unidad de coordinación contra la violencia de género” en cada comunidad autónoma.

– Crear un fondo de apoyo para los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la Mujer.

– Poner en marcha, en los juzgados especializados en violencia de género, del acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en que ponen la denuncia hasta el final del proceso. Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.

– Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la violencia de género.

– Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención en todas las etapas educativas.

– Poner en marcha un Plan Integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género.

– Obligar que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en juzgados especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar su puesto, formación específica en la materia impartida por una institución acreditada.

– Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal y como exigen diferentes recomendaciones internacionales.

Una sociedad decente ha de dedicar todos los recursos y esfuerzos en la lucha contra esta lacra. Un gran pacto estatal, extrapolable a Baleares, nos ha de permitir luchar desde todos los frentes por el objetivo de una sociedad segura y libre de violencia de género.

0 comentaris a “Por una sociedad segura y libre de violencia de género

  1. Quizás habría que cambiar el enfoque y basarse en la ciencia y las evidencias empíricas para luchar contra la violencia de la pareja (en este caso contra la mujer). Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, el 78% de las denuncias acaban con el hombre denunciado siendo inocente (es decir, no condenado). ¿No convendría afinar más para que tantos hombres no tuviesen que pasar por esa “pena de banquillo” y que las mujeres que realmente son maltratadas tengan más recursos que se pierden por el camino en esas denuncias injustificadas? (no he dicho falsas, no voy a entrar en ese falso debate de “denuncias falsas” condenadas en un juicio, versus “denuncias que acaban con el hombre sin condenar, es decir siendo inocente”.

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