Porqué modificar la Constitución

Como es conocido, la elaboración de nuestra Constitución de 1978 respondió a la necesidad de elaborar un texto que contara con el consenso y apoyo de todas las fuerzas políticas y constituyera el marco necesario que permitiera conducir a nuestro país desde la dictadura en la que estaba inmerso hacia una democracia, posibilitando construir un sistema político en el que todos, sin excepción, cupiéramos.

Así se constituyó la ponencia redactora, elegida cuidadosamente para tal fin, en la que se incluyeron tres miembros de UCD de diferente origen político: José Pedro Pérez Llorca (procedente del antiguo Partido Popular, distinto del actual), Gabriel Cisneros Laborda (encuadrado en el sector de los denominados “azules”, jóvenes reformistas procedentes del franquismo) y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (cuyo origen era un grupo de independientes que se afiliaron a UCD). Con ellos, se incluyeron en la ponencia a Gregorio Peces Barba (PSOE), Manuel Fraga Iribarne (AP), Jordi Solé Tura (PCE) y Miguel Roca Junyent (CDC) con lo que prácticamente se lograba que estuvieran representadas todas las sensibilidades políticas existentes en aquel momento, incluida la voz nacionalista.

De esta forma se logró redactar un texto consensuado que recogía la visión política de la mayoría de las fuerzas existentes y dejaba tranquilos, aunque expectantes, a los sectores más reaccionarios de aquella sociedad. Sin duda aquella redacción sirvió para el fin que se perseguía, funcionó y nos permitió avanzar en la creación y consolidación del sistema democrático que disfrutamos en la actualidad.

Pero hoy 36 años después vemos, según mi opinión, que algunos aspectos de nuestra Carta Magna deberían ser objeto de debate para su modificación adecuándolos a la realidad social y política actual, más si tenemos en cuenta que todos los ciudadanos menores de 54 años (más de 2/3 de la población), ni lucharon por la democracia ya que se la encontraron hecha ni votaron esta Constitución.

Los brutales recortes llevados a cabo en nuestros derechos sociales, el actual debate sobre la estructura territorial del Estado así como el creciente descrédito que la mayoría de los ciudadanos siente respecto a las instituciones públicas y los representantes políticos en general, han logrado generar un elevado desprestigio de nuestra Carta Magna y no se entiende que se hayan modificado determinados artículos para establecer un corsé a nuestra economía y no pueda alcanzarse un acuerdo entre los dos grandes partidos para modificar otros aspectos mucho más importantes, especialmente una garantía del Estado de bienestar que claramente ha quedado convertido en papel mojado.

La escasez y limitación de los instrumentos de participación ciudadana directa, cuyo mandato aparece en los artículos 9.2 y el 23.1, son más que evidentes. Por otra parte, determinadas instituciones han quedado con una función que la mayoría de los ciudadanos no entienden como es la del Senado, que se ha convertido simplemente en una Cámara de segunda votación sin otras funciones específicas ya que en general, éstas están subordinadas al Congreso de los Diputados. Para que el Senado pudiera ser una institución útil debería transformarse en un Senado Federal o de representación territorial real.

Otro aspecto demandado por la mayoría de los españoles es el de eliminar la duplicidad de determinadas administraciones existentes en nuestro país, cuya existencia supone un elevado coste, como es el caso de las Diputaciones, Cabildos y Consells insulares que tienen su origen en la Constitución de 1812 por la idea liberal de otorgar cierta autonomía a los entes provinciales recién creados. La Constitución de 1978 no tuvo en cuenta la capacidad expansiva del sistema autonómico, quedando las Diputaciones, Cabildos y Consells insulares ocupando un espacio entre las autonomías y los municipios y cuyas competencias podían repartirse entre ambos.

Además creo necesario un debate profundo en el que se cuestionen determinados privilegios que se mantienen en nuestro texto constitucional respecto a alguna Institución del Estado, que tampoco son entendidos por los ciudadanos, y que deberían dar imagen de instituciones actuales, sin más privilegios que los que razonablemente deben tener.

Creo que la sociedad actual, salvadas las indudables dificultades existentes en el año 1978, aspira a tener un texto constitucional renovado, que defienda los derechos sociales básicos que cualquier sociedad moderna debe poseer y que le permita una participación activa en la vida política de nuestro país.

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