Prohibido discrepar

Sorprendentemente, inmerso en un zapping legislativo, me he topado con la siguiente normativa autonómica:

 

Art. 2.2. Las políticas públicas deberán adoptarse para el fomento y promoción de la igualdad, visibilidad y no discriminación de los colectivos, asociaciones y agrupaciones católicas.

 

Art. 2.3. Tales colectivos católicos no podrán ser discriminados en ninguno de los ámbitos siguientes; policial, judicial, laboral, familiar, sanitario, cultural y de ocio, deportivo, juvenil ni en ningún medio de comunicación.

 

Art. 22. La realidad de la doctrina católica se incorporará a los planes de estudio mediante la inclusión de contenidos trasversales de formación.

 

Art. 23. Con cargo a los presupuestos generales se celebrarán eventos que conmemoren hitos en la historia de la doctrina católica.

 

Art. 24. En todas las bibliotecas públicas se incorporarán secciones específicas de temática católica.

 

Art. 25. Con cargo a los presupuestos generales se financiarán proyectos y producciones culturales que contemplen la realidad de la historia y doctrina católicas.

 

Art. 26. Las subvenciones a los medios de comunicación públicos deberán sujetarse al grado de adhesión a los postulados de esta ley, en cuanto a los contenidos que reivindiquen la concienciación y normalización de la fe católica.

 

Resulta obvio que el lector habrá intuido que algo no funciona en esta relación normativa, y que esa serie de artículos deben haber sufrido de algún tipo de tergiversación o manipulación. De su simple lectura se desprende que indican una discriminación positiva a favor de un grupo o creencia religiosa, con la cual, más de un lector o no comulga o discrepa o rechaza. Y está en su derecho, sin duda alguna. Al fin y al cabo, el pensamiento único todavía no se ha impuesto en nuestro país, empero los esfuerzos de determinadas corrientes ideológicas que consideran que más allá de su encefalograma solamente existe la nada o el manido fascismo, es decir, un contrasentido que infringe el amparo no discriminatorio de nuestra Constitución. La discrepancia no significa, forzosamente, oposición, rechazo, intolerancia o discriminación activa. Todos aquellos que pretenden encerrar la religión en el cuarto privado, personal, no expresan sino su deseo de no verse afectados por una doctrina religiosa que rechazan o, simplemente, les resulta indiferente. Si tal conducta implicase una discriminación anticonstitucional, no cabe duda alguna que algún colectivo o institución ya habría acudido al amparo judicial pertinente. Sin embargo, no ha sucedido de tal manera, ya que, discrepar no debe forzosamente equipararse a discriminar.

 

Desde todo lo anterior, quizás los dos mil años de historia del catolicismo, han conformado una especie de pátina endurecida que insensibiliza frente a conductas completamente impropias e improcedentes surgidas de mentes discrepantes. Pero tal insensibilidad no se produce en los denominados colectivos de LGTB. Cualquier mínima opinión, comentario o razonamiento que ponga en tela de juicio la razón de su existencia o de su conducta, produce una inmediata acción-reacción que puede llegar hasta una sede judicial. La hipersensibilidad ante la crítica o la discrepancia promueve la descalificación del disconforme en forma urgente y fulminante, obviando que la libertad de pensamiento y de expresión no implica intolerancia o segregación. Lo cierto es que, mediante normativas específicas, en aras de una supuesta no discriminación, se está pretendiendo un adoctrinamiento trasversal de un modo o conducta afectiva ante la cual no se debe opinar, sino simple y exclusivamente acatar.

 

Si el articulado que encabeza este contenido, fuese real y existente, ninguna duda cabe que las fuerzas laicistas clamarían inmediatamente de adoctrinamiento, sectarismo, conculcación de derechos personales y, estarían en lo cierto. Pues bien, la duda surge si tales conceptos calificativos se mantendrían en caso de ver sustituidos los términos “doctrina católica”, “agrupaciones católicas”, “temática católica”, etc., por “colectivos LGTB”, “temática LGTB”, “realidad LGTB”. Evidentemente, para los promotores de tal rama legislativa, incluido el PP gallego y andaluz, tal adoctrinamiento no se da en la segunda realidad normativa, sea la Ley gallega, sea la Ley andaluza, sean las anunciadas leyes valencianas, extremeñas o catalanas. Y es que, sin apercibirnos explícitamente, estamos creando un grupo de ciudadanos con unos derechos preferentes sobre el resto; mediante ley se pretende imponer un tipo de conducta indiscutible e irrechazable, imprimiéndole al sujeto activo un trato preferente y una categoría superior por razón de su afectividad y sexualidad. No existe ningún otro colectivo humano que esté mereciendo de una legislación específica que, pretendidamente, les proteja de la discriminación del resto sea por la causa que sea. Con el agravante que, discrepar está prohibido. Prohibido y condenado socialmente, obviando que no compartir una ideología, no implica una discriminación, sino el ejercicio de un derecho a la libertad de expresión o pensamiento. Y es que, leyes como la arriba plagiada – Ley por la igualdad de trato y no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales de Galicia – no únicamente persiguen la no discriminación sino también la asunción, el acatamiento generalizado de una ideología sin mácula alguna de discrepancia. Estamos ante la aplicación de la “tolerancia intolerante” que obliga en nombre de la tolerancia, a admitir como buenos valores y prácticas con los que se discrepa, mientras los lobbies gays, anhelan el establecimiento de su “derecho de no ser ofendidos”, dentro de lo que el The Washington Post aludía como “derechos civiles de nuestro tiempo”.

 

En alguna medida nos estamos aproximando al orwelliano “crimen de pensamiento”. La esperanza que nos queda a los ciudadanos no adictos al acatamiento es confiar en que, efectivamente, Orwell tenía toda la razón cuando proclamaba que “si la libertad significa algo, significa el derecho a decir a los demás lo que no quieren oír”.

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